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Utilizaron a un disminuido psiquico y a una inmigrante sin papeles para cometer un delito fiscal
3 de septiembre de 2002
Cinco años y seis meses de prisión. Esa es la pena a la que ha condenado el Tribunal Supremo al promotor inmobiliario hispanotexano Juan Manuel John Rosillo por tres delitos fiscales cometidos en 1990, cuando era presidente de Kepro, la empresa que inició la promoción inmobiliaria del macroproyecto Diagonal Mar, según confirmaron fuentes judiciales.
El Tribunal Supremo dictó sentencia el pasado 30 de julio, tras
resolver un recurso de casación interpuesto por la defensa de Rosillo.
La sentencia, cuyo ponente fue el magistrado del Supremo Perfecto
Andrés Pérez, modificaba la sentencia dictada por la Audiencia de
Barcelona el 22 de marzo de 1999. Aquella sentencia original condenaba
a Rosillo a seis años y seis meses de prisión. Además imponía también duras penas a algunos de los implicados, como el
representante de la familia Vidal Folch, Santiago Sardá (dos años y
seis meses), o los hermanos Ricardo y Alfredo Saenger (18 meses de
prisión cada uno). Finalmente el Supremo ha rebajado las penas de
Rosillo y de Sardá a cinco años y seis meses y a un año de cárcel,
respectivamente. Aún así, el alto tribunal ha mantenido la multa
impuesta a los condenados y cifrada en 3.500 millones de pesetas (más
de 21 millones de euros). Dos de las operaciones por las que finalmente el Tribunal Supremo ha
condenado a Rosillo por delito fiscal se produjeron en 1990 durante la
adquisición por la multinacional norteamericana Kepro, filial del fondo
de inversiones Kemper y cuyo consejero delegado y presidente en España
era el empresario hispanotexano, de unos terrenos en la Costa Brava,
concretamente en la localidad de S'Agaró, con la intención de promover
proyectos inmobiliarios. Sin embargo, el más conocido fue el tercero de los delitos por los que
el Supremo ha condenado a Rosillo: la compra de unos terrenos en el
barcelonés barrio del Poblenou, en los que hoy aún se está edificando
la promoción conocida como Diagonal Mar.La familia Vidal Folch encargó
en 1986 a Santiago Sardá la venta de los terrenos. Sardá contactó con
Rosillo finalmente en 1990 y, según el texto de la sentencia de la
Audiencia de Barcelona, «ambos acordaron no sólo el precio de la venta,
sino que para la operación se haría uso de una sociedad interpuesta». Disminuido psíquico Los hermanos Ricardo y Alfredo Saenger aportaron la sociedad Profirmar,
una firma instrumental, cuya administradora única, una inmigrante
peruana sin papeles llamada Tula Pérez, jamás ha sido hallada, y el
propietario, Juan F., era «un disminuido psíquico de notoria
evidencia». El asunto se destapó cuando el fisco vio sus repentinos
ingresos y le buscó. Fue entonces cuando Ricardo Saenger le vistió como un dandy, le puso un
rolex de oro en la muñeca y lo facturó para Caracas.En la capital
Venezolana, Juan F. fue objeto de múltiples asaltos y agresiones, hasta
que tras un mes de vagar sin rumbo entró semidesnudo en la delegación
del Banco Exterior de España al grito de «¡España, España!». El
delegado del banco se apiadó de él y Juan F. pudo ser repatriado a
España.
