El sacerdote que dirige la fundación San Rosendo, Benigno Moure, está acusado de aprovecharse de su incapacidad para hacerse con sus propiedades

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el 2 y el 3 de abril al cura que dirige la fundación San Rosendo, Benigno Moure, en una vista que contará con tres peritos y al menos 20 testigos, entre ellos el notario Alejo Calatayud, al que el fiscal no imputa delito pero sí pide la depuración de posible responsabilidad penal.

En un auto judicial al que tuvo acceso la agencia Efe, se fijan los primeros días de abril para la vista del juicio contra Benigno Moure Cortés, acusado por el fiscal de ser autor de los delitos continuados de apropiación indebida y dos continuados de estafa.

Más de medio millón de euros

El fiscal pide 14 años de prisión e inhabilitación de Moure Cortés para dirigir o apoderar cualquier entidad, empresa o fundación dedicada al cuidado o gestión de ancianos o incapaces, además del pago conjunto y solidario con la fundación San Rosendo de los 573.673 euros de las cuentas de Edelmiro Nogueira y María Vázquez y sus intereses.

La acusación particular, ejercida por el sobrino y heredero de Edelmiro y María, pide para Moure 40 años de prisión por los mismos delitos que la fiscalía, a los que añade falsedad en documento público y privado y reclama una indemnización por perjuicios e intereses.

En relación al notario Alejo Calatayud, al margen de la causa contra Benigno Moure, el fiscal envió a la Audiencia la declaración de varios testigos en el proceso de instrucción "para que se depuren posibles responsabilidades penales en la persona del notario", según su calificación provisional.

La acusación particular, a la que también accedió Efe, sí considera al notario como autor de sendos delitos de estafa y falsedad en documento público, por los que pide para él una pena de 14 años y cien mil euros en concepto de responsabilidad civil.

Moure y el notario ingresaron en el juzgado el importe de las fianzas impuestas para hacer frente a responsabilidades económicas, la del primero, de 573.673 euros y la de Calatayud, de 42.976 euros.

Con el pretexto de ayudarla

Según el escrito del fiscal, el acusado convenció personalmente a María Vázquez Covela, ingresada con su marido en el geriátrico Os Gozos en julio de 1998, para aparecer como autorizado en las cuentas en las que era titular ella o su marido "valiéndose para ello de su situación de debilidad mental y con el pretexto de ayudarla en la administración de su dinero".

La propuesta del acusado fue aceptada por la mujer y Moure transfirió en agosto de 1999 un total de 450.759 euros en dos operaciones de traspaso, realizadas en días consecutivos, a otra cuenta abierta a nombre de la fundación San Rosendo en la sucursal de Banesto de O Carballiño (Ourense).

Además Benigno Moure dispuso, como persona autorizada, de diversas cantidades de dinero tras la muerte de Edelmiro Nogueira en 2000 y la incapacitación legal de su esposa, en 2001, pedida por el propio presidente de la fundación a la fiscalía.

 

 

 

Como tantas otras veces, quizá mañana querrás realizar una operación en tu banco online. Escribes en el navegador la URI de la web, o la cargas desde las direcciones favoritas, y entras en la pantalla del banco que te solicita el password, lo introduce pero a continuación hay una caída en la conexión a la red. Vuelves a intentarlo de nuevo y esta vez todo transcurre con normalidad, realizando sin problemas la transacción prevista en tu cuenta corriente.

ada lo indica, pero hay posibilidad de que seas una nueva víctima del "pharming"y que para entonces el password que permite operar libremente en tu cuenta, esté en manos de unos desaprensivos. El "phishing" está pasando a la historia, cada vez quedan menos incautos que atiendan a un e-mail que pide tu password o que te solicite que lo escribas por control de seguridad en una página de nombre parecido al de tu banco., y aun habiéndolos, una operación de "phising"deja excesivos rastros que pueden hacer que el estafador acaben con sus huesos en la cárcel.

Cambiar la dirección IP del banco por otra

 

Para evitar esa "molestia", los pillos han inventado el "pharming", una evolución del "phishing", que consiste en interceptar el paso entre el nombre nemotécnico de la URI y la dirección IP devuelta para mandar al usuario en vez da la web de su banco a una web réplica, donde los ladrones se hacen con el password del usuario.. Cada página web tiene asignada una dirección IP, (Internet Protocol), formada por cuatro números de valor comprendido entre 0 máximo 255. Considerando que recordar estos números es complicado, se asigna paralelamente una dirección nemotécnica URI (Uniform Resource Identifier), única para cada web, en el caso de "La Flecha",por ejemplo la URI es www.laflecha.net y su dirección IP 66.28.XXX.XX

 

La URI es lo que habitualmente introducimos en el navegador, pero la dirección IP es lo que entiende Internet. La conversión de URI a IP la realizan servidores especializados llamados de DNS, (Domain Name Service ) usando unas gigantescas tabla con todas las direcciones. Con el fin de ahorrar engorrosas consultas al DNS, el ordenador del usuario guarda una pequeña tabla con las direcciones utilizadas frecuentemente. Si se intercepta y se cambia la información en de esta tabla, se puede dirigir al usuario hacia la web que se quiera.

Simplemente cambiar el contenido de una tabla

 

Eso es precisamente lo que hace el "pharming". Podrían hacerlo mediante un ataque a los servidores DNS que cambiara la tabla de correspondencia de forma que cualquiera que introdujese una URL de un banco se le dirigiría hacia una web pirata, pero eso es más complicado y sobre todo poco discreto, prefieren por ello introducir un pequeño programa en el ordenador del usuario que directamente o de forma remota modifique la tabla que el usuario tiene en su ordenador de modo que si se introduce una URI de un banco, la respuesta sea la IP correspondiente a la web pirata que simula ser la web de ese banco. El propio usuario introducirá sin dudar en ella su password cuando se le solicite,.conseguido el objetivo, cualquier motivo o una simulación de pérdida de conexión, hace acabar la conexión a la Web pirata.

Resulta fácil colar programas

Modificar la tabla se puede hacer por dos medios, modificando de forma remota el la tabal o introduciendo un programa que lo haga de forma automática. En cualquier caso habrá que introducir un "troyano" en el disco duro de la víctima,. El riesgo de este tipo de ataque es muy alto, está demostrado que situar "troyanos" en PCšs de usuarios resulta extremadamente fácil, lo demuestra laabundancia de adwares y spywares que se registran como media en cualquier disco duro. Una vez introducido este programa será difícil de detectar, pues su actividad difiere de los espías al uso, pues no necesita informar al exterior sus descubrimientos, se reduce a cambiar el software una sola vez.

El propio "troyano"puede tener instrucciones para restaurar la tabla original y autoinmolarse, borrando del disco duro el rastros de su presencia, eliminando casi totalmente las huellas del ataque, la próxima visita al banco no será desviada y el usuario no se dará cuenta del robo de su password.

¿Quién paga?. Como siempre, el cliente

 

Quién se hará cargo de las pérdidas que produzca este fallo de seguridad, ¿el usuario que permitió introducir el programa pirata en su equipo, o el banco que no comprueba con la suficiente contundencia la identidad de quien solicita hacer una operación, ni evita que su web sea plagiada sin problema por cualquier desaprensivo?

 

La respuesta es muy delicada para el banco, si hace responsable al cliente y el "pharming" se generaliza, los usuarios abandonaremos en masa la banca online por insegura y peligrosa, pero si el banco carga con los gastos, ¿A cuánto tendrá que subir las comisiones por operación el banco online para cubrir este riesgo?. ¿Seguirá siendo competitivo?. Si no se atajan estos riesgos , quizá el porvenir de la e-banca no sea después de todo tan brillante como se auguraba.

laflecha.net 

Han podido estafar a más de 38 personas, de momento el número de denuncias que están en manos de la Policía. El procedimiento de la banda que han desmantelado agentes del Cuerpo Nacional de Policía era complejo. Ocurría en Fuenlabrada, con una sucursal bancaria como protagonista. El líder de la banda era el director de la entidad financiera y el grupo tenía hasta tres captadores de víctimas.

El principal encausado, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía, es José María C.Q., de 42 años, director de la sucursal bancaria desde donde se gestionaban créditos personales a las víctimas, que eran captadas por colaboradores de éste. Hay dos acusados de ser captores de la banda: Olivo D.E., dominicano nacionalizado español de 43 años, y Christian I.M., congoleño de 42. El cuarto detenido es Gabriel C.F., español, de 34 años, que confeccionaba los expedientes, con documentos falsos que acreditarían el motivo de la petición del crédito y la solvencia del peticionario. Y, por último, una mujer congoleña imputada no detenida, Gisele M.M., de 28 años.

La banda tenía diferentes modos de actuar, pero siempre captando a las víctimas, necesitados de dinero. A todos les ofrecían facilidades. Pero, a partir de aquí, les podían pedir, bajo cuerda, una comisión para el director del banco, o sería imposible que en sus condiciones se les concedería. O también, podían añadir un 'cero' a la cantidad solicitada, como por ejemplo le ocurrió a un denunciante, que pidió un préstamo de 3.000 euros y se convirtió en 30.000.

Eso sí, según la Policía, el director del banco abría entonces una cuenta asociada donde derivaba el dinero que la víctima desconocía disponer, y les presentaba para firmar órdenes de reintegro para finalmente hacerlo suyo. O, como otro modo, el español que confeccionaba los expedientes, se convertía en persona altruista, aunque pedía que la víctima le firmase unos documentos en el banco para formalizar la donación.

actualidad.terra.es 

La comisión de estafas bancarias a través de Internet es uno de los negocios ilegales de mayor envergadura y crecimiento en España. El último estudio realizado por Internet Security System confirma el incremento de este tipo de fraude, que sitúa a España a la cabeza mundial de ataques de phishing, con un 18% del volumen total de la red.

El denominado “phishing” es un tipo delictivo del ámbito de las estafas, por el cual el estafador (o “phisher”) se hace pasar por una persona o empresa de confianza que solicita formalmente a través de una comunicación electrónica aparentemente oficial, información bancaria de carácter confidencial. Por medio de este sencillo engaño, el ejecutor obtiene contraseñas bancarias, información detallada sobre tarjetas crédito u otros datos bancarios relevantes. Una vez recopilados éstos, el estafador habitualmente se sirve de cuentas de terceros para realizar una serie de transferencias en pirámide, con la intención de que el cuanto implicado ingrese finalmente en su propia cuenta tamizado o blanqueado.

En enero de 2004, la Federal Trade Comision de Estados Unidos llevó a juicio el primer caso de “phishing”. A partir de ese momento, Europa y algunos países como Brasil o Canadá comenzaron a rastrear y perseguir estas actividades. En 2005 un joven estonio fue arrestado por monitorear las pulsaciones de teclado de sus usuarios en una web de captación de contraseñas bancarias. Otro caso destacado fue el de Valdir Paulo, también denominado phisher kingping, quien en tan solo dos años se hizo con cerca de $40 millones. Una larga lista de nombres y cuantías cada vez mayores siguen a las citadas, hasta la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Junio de 2007 que confirma las penas relativas a una condena por delito continuado de estafa, o phishing, en relación no ya sólo al ejecutor principal sino también y muy especialmente a los terceros que abren cuentas bancarias para recibir cantidades monetarias.

Ante la imposibilidad fáctica de controlar con medidas técnicas o legales el incremento y los daños del phishing, numerosas empresas privadas han tomado la iniciativa de entrenar proactivamente a sus empleados para que sean capaces de detectar estas tentativas y denunciarlas de forma efectiva.

Pablo Fernández Burgueño

Ley 2.0 

11/06/2007

Tres profesores se enfrentan a penas de entre cuatro y seis años de prisión por apropiarse de las ayudas de ocho jóvenes

La acusación particular ha pedido seis años de cárcel para tres profesores de la Universidad de Sevilla por la presunta apropiación del dinero de ocho becarios, petición que se une a los cuatro años de prisión ya solicitados por el fiscal. El escrito de acusación del abogado José Alberto Monsalvete, en nombre de una de las becarias, solicita además la devolución a su clienta de los 10.852 euros que debió cobrar y el pago de 3.000 euros por daños y perjuicios morales, de cuyo pago hace responsable solidario a la Universidad "por un delito producido por personal dependiente de ella".

La fiscalía de Sevilla, por su parte, ha pedido cuatro años de cárcel para cada uno de los tres profesores, a los que acusa de apropiarse entre los años 2000 y 2003 de un total de 82.406 euros de ocho becarios, a los que contrataron dentro de un programa financiado por la Unión Europea. Según las acusaciones, el director del proyecto, M.P.P., profesor de la Facultad de Derecho, acordó verbalmente con los becarios una asignación mensual de 300 euros, pese a que las bases de las ayudas preveían una retribución de 1.322 euros al mes en la primera anualidad y 1.520 euros en las dos sucesivas.

La acusación se dirige además contra la esposa del principal imputado, también enseñante, y otro profesor que participó en un trabajo sobre la nueva organización del trabajo en Europa, coordinado por la Universidad sueca de Goteborg. Los ocho becarios, todos ellos recién titulados en Derecho y Estadística, dejaron de percibir entre 8.114 y 26.081 euros, según el fiscal. La acusación particular, además de los seis años de cárcel por un presunto delito de estafa para cada imputado, pide otros tantos años de suspensión de empleo y sueldo, y sendas multas de 4.320 y 2.160 euros por los delitos de estafa y malversación de fondos públicos.

"Gastos del proyecto"

Del pago de dichas cantidades hace responsable a la Universidad de Sevilla porque el delito fue cometido por "personal dependiente de ella" y además la institución "debía controlar todas las contrataciones realizadas". Según la Fiscalía de Sevilla, los tres acusados "pensaron, desde el principio, hacer suyos los 164.348 euros" previstos en el proyecto para los becarios y llegaron a elevar una consulta a la Universidad de Sevilla, que les respondió que la partida de personal solo podía destinarse a becarios y que el trabajo de los profesores no era retribuíble ni subvencionable, al ser personal de la Universidad.

Por ello, según el fiscal, idearon un plan consistente en abrir cuentas bancarias compartidas con los becarios para ingresar en ellas el importe de la beca, y explicaron a las víctimas que la diferencia era para "sufragar otros gastos del proyecto y remunerar a otros participantes". Este caso fue denunciado en el juzgado por la propia Universidad de Sevilla al recibir la primera queja de una becaria, y posteriormente se unieron otros hasta totalizar los ocho becarios que comparecerán en el juicio como testigos y afectados.

El país 

 

 

La Asociación de Víctimas del Falso Médico y Osteópata ha dado a conocer algunas de las historias de los afectados por las prácticas de José Manuel López Pérez, el falso osteópata de el Ferrol detenido el pasado mes de febrero. El falso médico está acusado de intrusismo, estafa y blanqueo de capitales.

La presidenta de la Asociación de Víctimas, Esther Fontán sufrió hace cinco años un esguince cervical como consecuencia de un accidente. Se puso en manos de José Manuel López, que le provocó una parálisis al manipular inadecuadamente la lesión. Ahora, tras ser atendida por los servicios sanitarios de la Seguridad Social, está en proceso de rehabilitación.

Preciosa Bouzas es otra de las víctimas del supuesto osteópata. López Pérez le diagnosticó cáncer intestinal. Esta paciente, se sometió a numerosas pruebas para verificar que en realidad no tenía cáncer, entre ellas un PET, cuya radiación equivale a 400 radiografías.

En la actualidad, la Asociación de Víctimas reúne a 70 afectados procedentes de toda España, pero sospechan que el número real puede alcanzar el millar. Ahora centran sus esfuerzos en contactar con el mayor número posible de estafados.

El Ministerio Fiscal ha animado también a las víctimas a que declaren en el proceso y se personen como acusación particular.

Antecedentes

La investigación permitió descubrir que López Pérez continuaba ejerciendo prácticas médicas para las que carecía de la titulación necesaria, a pesar de las dos condenas firmes, de la multa de las autoridades sanitarias y de la orden de cierre de la clínica.

El juez que llevó el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Ferrol, Alejandro Morán Llordén, ordenó en su momento la intervención de cuentas bancarias y depósitos por una cuantía que, a día de hoy, asciende a cuatro millones de euros.

Informativos.telecinco.es 

20/5/2005

La Audiencia Provincial de Logroño ha condenado a seis años de prisión a A.F.H.M, de 55 años de edad, por un delito de robo continuado y estafa con abuso de las relaciones personales entre la acusada y sus víctimas. Además se impone la indemnización de la autora a la víctima de 32.715,79 euros.

La sentencia considera probados los hechos del Ministerio Fiscal, en el que relataba que la imputada estafó a los dos ancianos que cuidaba 37.914,54 euros utilizando sus tarjetas y cargando a su cuenta diferentes gastos personales, como la factura del teléfono.

Según los hechos, la acusada, natural de Logroño y sin antecedentes penales, comenzó a trabajar en el domicilio de un matrimonio formado por dos ancianos en febrero de 2000, cuando éstos tenían 85 años.

En abril de 2001, "según informe del médico forense", incluido en la acusación, el marido presentaba "desorientación temporal y amnesia de fijación", además, "no salía a la calle si no iba acompañado y mostraba un deterioro cognitivo más intenso de lo normal a una edad de 86 años". Por su parte, la mujer "no presentaba alteraciones mentales, pero debía desplazarse en una silla de ruedas por sus dificultades para caminar".

La acusada percibía por su trabajo una retribución mensual de 1.084,3 euros y trabajaba todos los días, incluidos domingos y festivos.

La mujer, siempre según la misma fuente, "guiada por el propósito de obtener un beneficio económico" y, "al advertir que la muy avanzada edad de sus empleadores les incapacitaba para realizar y controlar operaciones económicas de cierta complejidad, y que su trabajo le permitía conocer todos los documentos sin ser descubierta, decidió apoderarse del dinero que tuvieran, así como cargar en sus cuentas operaciones realizadas en su beneficio".

Con este fin, la acusada rellenó varios cheques, todos ellos al portador, "e hizo que los firmara" el anciano "sin que fuera consciente de lo que hacía". En total, consiguió más de 5.000 euros. Después, cogió una tarjeta del hombre y realizó distintas extracciones y pagos por un valor de más de 15.000 euros.

Además, se hizo con otra tarjeta del anciano, perteneciente a otro banco, y realizó "numerosas" extracciones de dinero y pagos por un importe de más de 14.000 euros. A esto se une que contrató la instalación del teléfono de su casa a nombre del anciano y ordenó el cargo de las facturas a su nombre. Los cargos, según el documento del Fiscal, ascienden a 538 euros.

La imputada también compró una cadena musical y los tomos de un diccionario multimedia, gastando 879 euros. La presunta estafa se desarrolló entre abril de 2000 y marzo de 2001. El anciano falleció en noviembre de 2003.

Para el Ministerio Fiscal, los hechos relatados constituían un delito continuado de estafa, "cualificado por la especial gravedad y con abuso de las relaciones personales entre la acusada y las víctimas", del que considera autora a la imputada. Propuso, antes del juicio, para ella seis años de prisión y una multa de doce meses con una cuota diaria de cinco euros. También pidió que indemnice a la mujer, viuda del anciano, con 37.914,54 euros, "importe de las cantidades de que se ha beneficiado".

Por su parte la defensa pidió la absolución de la acusada, al no ser autora de delito alguno, con todos los pronunciamientos favorables. La Audiencia falló en los mismos términos que el fiscal, si bien rebajo la indemnización en 5000 euros, al ser los que la acusada "debía percibir como abono de su sueldo".

27/09/2007

Un matrimonio de jubilados de Almería, se siente estafado por una entidad bancaria. Un asesor del BBVA les aconsejó que lo mejor para amortizar los ahorros de su vida era contratar un seguro. Y lo hicieron, pero lo que no sabían era que podrían disponer del dinero en 2.029, cuando José tenga 104 años. El banco, por el momento no ha querido hacer declaraciones.