«El miedo a ser expulsados del país provoca el silencio de los trabajadores inmigrantes», comenta Juan José Palacios, responsable del departamento de inmigración de CC OO. «Cada poco leemos en la prensa casos de estafa a trabajadores extranjeros: piden mucho dinero a cambio de permisos laborales y al final no hay nada», señala el sindicalista. El último caso lo hizo público esta semana la Policía Nacional: dos empresarios avilesinos habían estafado 25.000 euros a 25 trabajadores inmigrantes. Los dos empresarios, de los sectores de la limpieza y de la construcción, contactaban con extranjeros en distintos bares de la villa, les pedían entre 1.500 y 3.000 euros por agilizar los trámites laborales y, en una ocasión, llegaron a solicitar a cambio de las gestiones favores sexuales. Los dos empresarios fueron detenidos, se les tomó declaración, pasaron a disposición judicial y ahora están libres, aunque con cargos.
¿La estafa laboral es una práctica común? Ana Muñiz, secretaria de igualdad de UGT, dice que este tipo de casos son frecuentes en el mundo laboral asturiano. Lo que sucede es que las denuncias de los abusos laborales apenas se dan. La razón la explica Juan José Palacios: «Los inmigrantes no conocen los procesos de poder en España, y si les dicen que tienen conocidos en la Delegación del Gobierno, pues lo creen. Y si les dicen que hay que pagarÉ pues pagan». El responsable de inmigración de CC OO denuncia «el abuso» de algunos empresarios que aprovechan la ley del silencio y les contratan asignándoles categorías inferiores al trabajo que realmente desempeñan. «¿Cuántos camareros son en realidad lavaplatos?», se pregunta. Esto sucede cuando efectivamente hay un contrato. «En muchas ocasiones ni lo tienen». Lo que al final se produce «es una situación de semiesclavitud».
¿Cómo se llega a esta situación? Ana Muñiz explica el proceso que se sigue y comenta que tiene dos vías: «La reclamación personal y el arraigo», más frecuente la segunda que la primera. «La estafa se produce porque el empleador se pone en contacto con un inmigrante, le anuncia la posibilidad de un trabajo, le propone la idea de llamar a otras personas de su familia y, a cambio de todo esto, le exige un pago», comenta Palacios.
La ley explica que el efecto llamada se da cuando un empresario reclama a una persona en concreto, con sus datos y su documentación. «Para que un empresario pueda hacer eso, debe tener a alguien que le facilite el nombre», comenta Muñiz. «El arraigo es peor: tres años demostrados de estancia continuada en el país, que se prueban con el pasaporte y con el empadronamiento. Al final, con una oferta de trabajo, se le concede el permiso», añade la representante de UGT. «Lo que pasa es que, mientras, el inmigrante ha estado desempeñando trabajos en precario, sin Seguridad Social, sin nada», comenta Palacios.
En Asturias, a 31 de diciembre de 2007, hay 32.394 inmigrantes. Este pasado año, por primera vez, más hombres que mujeres. Esta cifra, respecto a España, supone 0,67 por ciento del total de España. Los sectores más proclives son el de servicios domésticos, la construcción y la hostelería. En el Principado hay 4.000 ecuatorianos legalizados (es la nación más representada). Las víctimas de los dos estafadores avilesinos fueron 25 dominicanos. En Asturias existen 1.393 trabajadores de este país antillano.
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