La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una abogada y a su hermano, gestor de profesión, a cumplir una pena de dos años de cárcel por estafar unos 78.000 euros a una clienta, de 80 años, a la que gestionaban la pensión de viudedad y la liquidación de la herencia.

Ambos condenados gestionaron durante tres años, entre 2002 y 2005, los trámites de la pensión de viudedad a esta anciana tras el fallecimiento de su esposo en 2002. Para ello, la víctima les entregó su libreta de ahorros con su DNI, y en ocasiones acudía al banco en compañía del gestor.

En el año 2005, la víctima se percató de que las cantidades extraídas de su propia cuenta superaban las que había retirado para su manutención y gastos personales, por lo que se lo contó a sus sobrinos, quienes se pusieron en contacto con la abogada y el gestor para pedirles explicaciones. Luego, la víctima denunció la estafa.

Según la sentencia, los dos procesados se apropiaron indebidamente de diferentes cantidades de dinero de la víctima. Además, el tribunal considera como agravante que se aprovecharon de su escasa formación, de su condición de viuda; de que vivía sola en el domicilio; y de su desconocimiento de los trámites.

Una abogada del turno de oficio de Ourense ha sido denunciada como presunta autora de los delitos de apropiación indebida de la pensión alimenticia asignada a una menor tras la separación de sus padres, de estafa y deslealtad, según la denuncia a la que tuvo acceso Efe.

La denunciante, explica el escrito, inició en el año 2000 un proceso de separación, para lo que el juzgado le asignó una abogada de oficio que le representó en ese proceso y otros posteriores de apropiación indebida de muebles y enseres, divorcio, custodia y asignación de pensión alimenticia.

En el año 2001, tras obtener la separación, la mujer denunció a su ex marido porque al ir a recoger sus bienes a la casa que habían compartido se encontró la cerradura cambiada, y en el juicio testificó el transportista al que pagó para recoger sus muebles.

Según la denuncia, minutos antes de este juicio, la abogada ahora denunciada le hizo firmar un papel tapado por otros, por lo que no vio su contenido, que supuestamente permitiría declarar al testigo.

«El documento firmado no era una autorización para que declarase un testigo sino, en realidad, un reconocimiento de honorarios en favor de la abogada por lo que con un engaño, pasó de ser abogada de oficio a abogada de pago», añade.

La mujer tenía una situación económica, personal y laboral «pésima, rozando la indigencia», que justificó la asignación de la abogada del turno de oficio, por lo que no pudo hacer frente a los pagos exigidos por la abogada que fueron abonados con los ahorros de sus padres.

La denunciante considera que la abogada se aprovechó de su ignorancia sobre asuntos legales, de su juventud -tenía 25 años en aquel momento- y del cuadro depresivo que presentaba, tras cinco años de malos tratos previos a la separación, del que aún tiene anorexia nerviosa.

La denunciante comprobó también que su abogada se apropió durante varios meses del 2007 de los 200 euros mensuales descontados del sueldo de su ex marido para la hija de ambos, e incluso le cobró las costas de los juicios cuyos pagos correspondían a su ex marido.

Además de la denuncia, la presunta estafada presentó un escrito de queja en el Colegio Oficial de Abogados de Ourense en el que explica las «irregularidades» de la actuación de la abogada, entre ellas el hecho de que nunca hizo constar, en el proceso de separación, los malos tratos sufridos durante cinco años a manos de su ex marido, que incluyeron un traumatismo craneoencefálico.

Según la denunciante, esa circunstancia prolongó este proceso de separación y los posteriores contra su ex marido, «lo que hizo aumentar las facturas y el mutismo de la abogada», señala el texto.

En este escrito, explica que se dio cuenta de todo lo ocurrido en 2007, cuando supo por su ex marido que le retenían 200 euros del salario mensual para ingresarlos en una cuenta a nombre de su hija en concepto de pensión alimenticia tal como habían acordado, pero ese dinero no aparecía en la cuenta.

La letrada le explicó que lo desvió para una cuenta del juzgado para cobrarse 870 euros que le debía, pero sólo de la pensión de la menor se llevó más de dos mil, concluye.

lavozdegalicia.es

Con la subida de los tipos de interés, los precios y las pegas de los bancos para conceder más préstamos, muchos murcianos, con un salario medio de 1.554,76 euros brutos mensuales (según el Instituto Nacional de Estadísticas, el tercero más bajo de España) ven como solución alternativa acudir a prestamistas particulares.

Por eso, la Unión de Consumidores de Murcia (UCE) y la Asociación de Inversores Financieros (AIF) han puesto en marcha un servicio de asesoramiento para familias murcianas, endeudadas con préstamos abusivos.

El servicio ya está funcionando (en el teléfono 968 295 501, martes y jueves por la tarde, con cita previa). Los expertos de UCE aconsejan a las familias afectadas cuál es la mejor fórmula para pagar sus deudas.

Pero esto no es fácil, pues muchos endeudados, según Antonio García, delegado de AIF en Murcia, «no se atreven a ser sinceros y contar la verdad de sus préstamos».

AIF estima que en la Región hay miles de afectados por estos préstamos abusivos. Piden una media de 30.000 euros de media, y los usureros los prestan con unos intereses de hasta el 30%, cuando el de los de bancos ronda el 8%.

Para conseguir el préstamo, las familias dejan como garantía la escritura de la casa o la transferencia del coche, en caso de que no se pueda devolver el dinero.

Sólo un móvil

Estos prestamistas particulares no tienen licencia y su única referencia es un teléfono móvil, lo cual favorece la falta de control.

Aun así, los que piden estos préstamos muchas veces no consiguen librarse del desahucio. Si hasta ahora, sólo en el municipio de Murcia, la media de subastas de casas embargadas al mes no pasaba de las 30 viviendas, en abril serán 40, según la Unidad de Desahucios de los Juzgados de Murcia.

La Federación de Consumidores Thader de Murcia desaconseja acudir a prestamistas particulares. Su director técnico, Jesús Artero, recomienda «pensar en los ingresos familiares y meditar para qué queremos el dinero».

Los clientes de estos préstamos con intereses sangrantes suelen ser inmigrantes, jóvenes y familias con hipotecas, según Artero.

20minutos.es

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional de Málaga después de que intentara estafar a una madre ofreciéndole, a cambio de 10.000 euros, un corazón para su hijo, que estaba ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario aquejado de graves problemas cardíacos.

La arrestada, cuya identidad se corresponde con las iniciales M.C.A.R., entabló relación con la madre y su familia en la sala de espera del centro sanitario con la excusa de tener también un hijo ingresado en el recinto y se ganó su confianza, ha informado hoy el Cuerpo Nacional de Policía en un comunicado.

Tras varios días de relación, le ofreció a la madre la posibilidad de salvar la vida de su hijo -que pocos días después falleció- mediante una tercera persona que supuestamente era una médica e investigadora prestigiosa.

Para ello la puso en contacto con esta tercera persona, que le aseguró que se lo traería desde Estados Unidos en un viaje que, casualmente, tenía organizado a Málaga y que al menos le costaría 10.000 euros.

Ante esta situación, la madre decidió denunciar a la mujer, de 45 años, que ha sido detenida acusada de un delito de estafa.

Canarias7.es

El caso de Valencia no es el único que se produce en la ciudad y ni mucho menos en España, donde los robos de DNI han dado muchos quebraderos de cabeza a sus propietarios legales, sobre todo si no se denunció su desaparición.
A un vecino de Madrid, por ejemplo, le robaron la cartera con el DNI y meses después le llegó una carta de una conocida marca automovilística con el contrato de compraventa de uno de sus vehículos. Cuando se puso en contacto con la empresa, se encontró con que alguien había presentado su DNI junto con una nómina y una declaración de la renta falsa y había financiado un vehículo cuyo importe era de 24.000 euros. Pero es que semanas después y sin que se resolviera el primer caso, le llegó una comunicación similar de la compra de dos vehículos más de dos marcas diferentes, toda una flotilla que alguien estaba disfrutando o revendiendo en su nombre.
Ni se parecía ni firmaba igual
Otro caso similar es el de un individuo que un día recibió el extracto de una cuenta bancaria desconocida para él, pero a su nombre, en la que habían ingresado una cantidad de dinero por la venta de un teléfono móvil de última generación. Al parecer, una persona se había hecho con su DNI meses antes, había abierto esa cuenta, con Visa incluida, y se dedicaba a vender por internet teléfonos a mitad de precio. El estafador ingresaba el dinero e inmediatamente lo retiraba con la visa, de manera que era imposible localizarlo.
Cuando el perjudicado preguntó a la entidad bancaria por qué no habían tenido más cuidado al abrir la cuenta, le confesaron que el estafador era mucho más gordo y que no se parecía en nada al de la foto, pero que se convencieron de que era el titular cuando les dijo que había padecido tiroides. Es más, les explicó que abría la cuenta tan lejos de su domicilio porque se lo había recomendado su padre y llegó a firmar hasta seis documentos diferentes con una rúbrica que en nada se parecía a la del Documento Nacional de Identidad.
Para la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) este tipo de estafas es difícil de neutralizar, ya que los bancos no pueden cuestionar un documento que está bien falsificado y, por tanto, no pueden impedir que alguien abra una cuenta. Todo lo que pueden hacer, y en eso les exigen mayor rigor, es comprobar los datos del DNI y de la fotografía para evitar en la medida de lo posible casos así, algo que generalmente depende de la entidad o de la persona que atienda al peligroso cliente.
Para Avacu, el principal problema, y ahí sí que piden la colaboración de las tiendas, es el de las compras con tarjeta de crédito. Según los datos que obran en su poder, los establecimientos no siempre exigen el DNI al comprador y cuando lo pide se fijan en el nombre y nunca en la fotografía.

levante-emv.com

Una mujer de Valencia a la que le habían robado su carné de identidad, ha sido víctima de una estafa económica y personal. Otra mujer ha suplantado su personalidad y con su DNI ha financiado importantes compras y ha llegado ha protagonizar dos matrimonios de conveniencia que le han reportado importantes beneficios. Ahora, la financiera le reclama a la denunciante todos los impagados y no puede casarse mientras no se resuelva el problema en el Registro Civil.

Poca gente se preocupa de la pérdida o el robo del DNI más allá del trastorno que supone tener que volver a una oficina de la policía a renovar el documento. Es más, casi nadie pone una denuncia ante la policía para que quede constancia de ese robo si no es porque con el DNI perdieron teléfonos, llaves, tarjetas de crédito etc. La realidad, sin embargo, indica que si ese carné cae en manos de unos delincuentes profesionales, el problema puede ser muy gordo. A una vecina de Valencia, por ejemplo, le robaron la tarjeta de identidad y los ladrones han abierto una cuenta bancaria a su nombre, han financiado importantes compras que luego le han reclamado a ella y hasta han celebrado matrimonios de conveniencia que impiden que ahora ella pueda casarse con su novio. Todo un lío que, aunque se resuelva finalmente, le ha destrozado la vida.
Este caso concreto, que está siendo instruido en los juzgados de Picassent, tiene como protagonista a una joven de Valencia, cuyo nombre prefiere ocultar, que en septiembre de 2006 "perdió o le robaron" el DNI. Según su abogada, Pilar Jove, la mujer renovó el documento y no le dio más importancia al asunto hasta que empezó a tener noticias de bancos, juzgados etc.
Un día la llamaron del Registro Civil, explica Jove, para comunicarle que no podía casarse por segunda vez, toda una sorpresa para la mujer porque, aunque tiene novio formal, nunca se decidió a pasar por el altar. Entonces se enteró que ella, o mejor dicho, una persona que usaba su DNI y suplantaba su personalidad, se había casado en una parroquia de Picassent y días después en otra de Lliria. Y claro, cuando los papeles llegaron al Registro Civil pensaron que estaban ante un caso de poligamia.
Dinero en efectivo
Hechas las correspondientes reclamaciones, la afectada supo también, según la abogada, que su suplantadora había organizado dos bodas de conveniencia con dos subsaharianos que fueron localizados y confesaron que habían pagado entre 4.000 y 5.000 euros por el enlace. Como los papeles de la iglesia tardan unos días en llegar al juzgado tuvieron tiempo de hacer un segundo casamiento.
Afortunadamente, la afectada ha podido deshacer al menos una de las bodas en lo que a lo religioso se refiere. Basta con hacer una "anulación de partida sacramental". Pero el problema está en el Registro Civil, que exige un proceso judicial para volver a la normalidad, de manera que si un día de estos la afectada quisiera casarse con su novio simplemente no podría.
No contentos con eso, la suplantadora, siempre según la letrada Pilar Jove, abrió una cuenta bancaria con el DNI de la valenciana y falsificó una nómina y un contrato de trabajo con sus datos. Luego se fue a un concesionario y compró una moto de gran cilindrada que financió con la documentación que había falsificado. Y finalmente contactó con un conocido y le vendió la moto por un precio inferior para recuperar dinero en efectivo.
Lógicamente, cuando la financiera fue a cobrar la primera letra, encontró la cuenta bancaria a cero y reclamó a la titular oficial, que supo de una nueva estafa a cuenta de su nunca bien valorado DNI.
La operación se repitió con un ordenador y con otras compras, dice su abogada, que asegura que sólo el caso de la moto le supone ya unas cargas, entre demoras, impagados etc., de 22.000 euros.
Como colmo de los males, la suplantadora ha realizado algún empadronamiento falso y ha alterado el censo electoral, de manera que la afectada ha tenido problemas para votar en las últimas elecciones.
Investigación en marcha
El caso está siendo investigado por un juzgado de Picassent, pero según Pilar Jove, la situación no se resolverá totalmente hasta que no aparezca la suplantadora y sus compinches. La Policía ha interrogado a los inmigrantes que pagaron por las bodas de conveniencia y al hombre al que le vendieron la moto, nunca mejor dicho, pero los datos facilitados no han sido suficientes para su localización. También se investigan las llamadas realizadas a través de teléfonos contratados, como no podía ser de otra manera, a nombre de la denunciante; y las viviendas donde se han formalizado los empadronamientos, todo un maremágnum de datos que a esta mujer no le resuelven el grave problema que se ha cruzado en su via simplemente por perder o dejarse robar su Documento Nacional de Identidad.

levante-emv.com

La Guardia Civil ha detenido en Córdoba y Montilla a J.L.R.R., de 35 años, vecino de esta última localidad y dedicado a la compraventa de vehículos usados; a J.M.C.P., de 36 años, también de Montilla y propietario de la gestoría implicada en el caso; a J.C.M., de 43 años, vecino de Lucena, y a J.C.M.M., de Pozoblanco, así como a un joven de Barcelona S.P.S., de 31 años y a C.R.M., de 57 años, todos miembros de un grupo, como supuestos autores de un delito de estafa continuada y falsedad documental, según informa a través de un comunicado la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil de Córdoba. La cantidad estafada a las víctimas (tanto a personas y entidades financieras) podría superar los dos millones de euros.

El pasado 15 de noviembre, la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de una denuncia, presentada en el puesto de Montilla, de que un vecino de la localidad podía estar siendo víctima de una estafa al denunciar que le estaban cargando a su cuenta bancaria recibos de varias entidades de crédito por la financiación de vehículos que no había adquirido. El análisis de la documentación aportada por la víctima permitió centrar las investigaciones en una conocida gestoría de Montilla, que creaba una falsa imagen de solvencia de personas de escasa capacidad económica, empleado datos y documentos que conocía por la actividad profesional desarrollada por la gestoría.

El avance de la investigación permitió a la Guardia Civil conocer con precisión el modus operandi utilizado por el grupo de estafadores, que consistía en utilizar la cobertura de casas de compraventa de vehículos en las provincias de Córdoba y Barcelona para solicitar de varias entidades financieras préstamos para cubrir la supuesta venta de vehículos, operaciones de compraventa que eran falsas o se trataba de operaciones reales de venta de vehículos que habían sido legalmente vendidos a terceras personas. Una vez simulada la compraventa, los estafadores aportaban a la financiera documentación falsa de vehículos, con números de bastidor alterados, imputando la operación a terceras personas que nada tenían que ver con la operación.

La mecánica de la estafa se basó en la solicitud de falsos créditos, para lo cual usaban documentación a nombre de indigentes, llegando a utilizar el D.N.I. de personas que lo habían entregado en la gestoría para realizar otros trámites. A su vez, la gestoría era la encargada de dar una falsa imagen de solvencia a través de empresas sin otra actividad, expidiendo para ello nóminas y contratos de trabajo falsos.

diariocordoba.com